Por Alfredo Ortíz y Marisol Herrera Marmolejo
Las redadas llevadas a cabo por el ICE estadounidense contra numerosas poblaciones de migrantes de origen latino han sido el caldo de cultivo perfecto para una serie de protestas que han dado la vuelta al mundo.
La intensificación de las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump, en lo que pareciera un paso en falso, ha desencadenado una ola de malestar social a lo largo y ancho de la nación norteamericana, con miras a convertirse en la mayor coyuntura social y política de lo que va de la década.
Pese a que el lema de “Make America Great Again” y la promesa de un “Estados Unidos para los trabajadores estadounidenses” arrojaban pistas de lo que nuevamente marcaría la agenda del republicano en este segundo mandato, cuestiones como el férreo control de visitantes, la expulsión de “elementos subversivos”, principalmente académicos, estudiantes y críticos a este nuevo régimen y su participación en los conflictos palestino-israelí y ruso-ucraniano, así como un nuevo plan de deportación masivo que visualiza expulsar hasta a 3,000 indocumentados al día, han arrojado alarmas sobre una política migratoria mucho más agresiva que la mostrada en el mandato de 2016–2020.
A las 9:15 del 6 de junio en el corazón de Los Ángeles, en lo que parecía una redada de turno como las muchas que han sembrado el pánico en áreas claves de aquel país, el ICE (Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) presionó algo anodino, una respuesta en defensa de las personas sitiadas y los vecinos del Downtown y el Garment District.
Unas horas después, las redes sociales se llenaron con videos de choques entre fuerzas policiales y civiles, pero sobre todo de cientos de ciudadanos protestando en las calles con mensajes de oposición y solidaridad ante la escalada feroz y violenta de las deportaciones, en una urbe caracterizada por su multiculturalismo y una fuerte presencia de comunidades mexicanas, lo cual le ha valido ser bautizada como una de las ciudades santuario.
Tras seis noches consecutivas de protestas, el gobierno federal ordenó el despliegue de 4,000 elementos de la Guardia Nacional y 700 marines, lo cual condujo a “arrestos masivos”, cuyo número oficial no ha sido revelado por las autoridades y un toque de queda en la zona centro de Los Ángeles entre las 9:30 p.m. y las 5 a.m.; sin embargo, la demostración de tal fuerza en lo que muchos han calificado de “ataque represivo”, no supuso más que un incentivo para extender la inconformidad por ciudades como San Antonio, Philadelphia, Seattle, Washington y Nueva York, donde el 12 de junio cerca de 2,500 personas se movilizaron hacia las oficinas del ICE en Foley Square.
Respuesta política y tensiones cruzadas
Más allá del cariz social, el despliegue militar ha supuesto un conflicto interno entre voces opositoras a Donald Trump como la del propio gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó las medidas como “fantasía desquiciada de un presidente dictatorial”, además de enfatizar que el “descarado abuso de poder” por parte de un presidente en funciones exacerbó un peligro a nuestra gente, poniendo en riesgo a nuestras oficinas e incluso a nuestra Guardia Nacional.
Otro de los momentos de tensión tras estas jornadas de violencia y represión han sido las declaraciones de Kristi Noem, Secretaria Nacional de Seguridad, quien en unos comentarios aireados acusó a la presidenta Claudia Sheinbaum de “instigar la violencia y el vandalismo” en las calles de Los Ángeles. Una coartada “justificada” en las instantáneas que poblaron el internet y mostraban a manifestantes encapuchados ondeando banderas mexicanas, algo a lo cual la mandataria respondió con negativa enfatizando su compromiso con el diálogo. Una misma respuesta respaldada por gobernadores y pronunciamientos de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde; la Cámara baja e incluso la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, cerraron filas en apoyo a Sheinbaum.
Terror y fuerza desmedida: claves para entender las protestas
Auspiciado por la mencionada Kristi Noem, el apodado “Zar de la frontera”, Tom Homan, y el subseje del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, el plan migratorio trumpista además de difundir una propaganda descarada a través de medios de comunicación en México y Centroamérica con mensajes de advertencia, contempla el empleo de todos los medios posibles para lograr el objetivo de deportaciones por 3,000 individuos al día.
Tom Homan ha reiterado en numerosas ocasiones su “insatisfacción” ante el ritmo de las operaciones, que pasaron de las 660 en los primeros días de gobierno republicano a 2,200 el 4 de junio, dos días antes de que la ola de protestas estallara en L.A., según informó NCBE News.
La diferencia entre esta estrategia y sus predecesoras es el empleo de una fuerza nunca antes vista en detenciones en su mayoría arbitrarias y carentes de un marco legal, mediante el barrido de áreas cruciales para la vida del migrante como centros laborales en sembradíos, restaurantes y comercios, así como áreas de esparcimiento y comunidad, una de las más polémicas es el decreto para poder detener personas en hospitales, escuelas e iglesias.
Este clima de represión, seguido por un estado de temor continuo y persecución, ha detonado una desaprobación generalizada en amplios sectores de la sociedad civil estadounidense, más allá de las comunidades de migrantes indocumentados, personas con situación legal establecida y los opositores más férreos a Donald Trump.
