Por Rosalinda Parra y Marisol Herrera Marmolejo
Con una deficiencia en el surtido de hasta 11 millones de medicinas al sector sanitario público, el desabasto persiste como uno de los dolores de cabeza del actual gobierno mexicano.
Según el informe “Radiografía del desabasto de medicamentos en México”, producto de la investigación del Colectivo Cero Desabasto, de enero a diciembre de 2024 el Instituto Mexicano del Seguro Social enfrentó un déficit en el surtido de medicamentos por 11 millones 575 mil 307 piezas, lo cual representa una afectación directa para las recetas de cerca de 5 millones de derechohabientes, si acercamos a la cifra contabilizada en 2023 por 5 millones 185 mil recetas.
Aunque el momento más crítico se vivió durante el pico pandémico del Covid entre 2021 y 2022, el problema parece haberse vuelto endémico de los gobiernos morenistas, e incluso heredado si se considera que en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dicha insuficiencia de medicamentos se tradujo en 5 millones 40 mil recetas sin surtido.
Las áreas más afectadas según lo declarado por el IMSS son la oncológica, el control de diabetes y enfermedades cardiovasculares, seguida por los fármacos utilizados en tratamientos psiquiátricos. Dicha crisis ha sido confirmada por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, quien ha subrayado el “estado crítico” en la distribución y abasto de medicamentos en el país, a pesar de los esfuerzos por rediseñar los mecanismos de compra y mejorar la eficiencia logística.
Según apunta el medio El Economista, la profundización de esta crisis en 2025 se debe a la abrupta cancelación en la licitación de una compra por 4,934 millones de unidades, destinadas a 26 instituciones, principalmente por errores y sobreprecios en hasta 165 tipos de medicamentos que en conjunto sumó un sobrecosto por 13,000 millones de pesos, como lo apuntaron las autoridades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
Plan gubernamental: tres frentes
- Nueva licitación internacional con reglas claras y supervisión estricta (lanzada próximamente).
- Plataforma digital pública para trazar en tiempo real el proceso de compra, avanzar en transparencia y recuperar la confianza de distribuidores y derechohabientes.
- Colaboración estrecha con el sector privado para agilizar producción y distribución.
¿Hasta dónde puede resolverse?
En palabras del Dr. Andrés Castañeda, coordinador del Colectivo Cero Desabasto, recogidas por el portal especializado Medscape, todavía es imposible entender la magnitud del problema, pues hasta hace poco no era posible medir el impacto del desabasto ni cómo avanzar en su solución.
Castañeda menciona que aunque se plantee fácilmente la respuesta a la crisis, no es sencilla su ejecución debido a que cada institución de salud en México cuenta con protocolos para la vigilancia y el control de fármacos, insumos y vacunas muy diferentes entre sí.
Para otras voces, como la de Adolfo Martínez, investigador en políticas de salud por la UNAM, el origen del problema se halla en los sobreprecios que daban pie a la corrupción, cuando hasta hace poco los gobiernos estatales ejercían las compras de medicamentos de manera autónoma. ¿La solución? Según el investigador, se podría optar por un “control institucionalizado”.
Rafael Gual, director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), por otro lado observa en esta crisis un “monstruo de tres cabezas” originado por la inexperiencia y la fragmentación de las instituciones públicas, sobre todo porque el proceso de licitación, compra y distribución es realizado por diversos entes públicos, lo cual produce una triangulación que supone un tope más en el correcto funcionamiento del abasto de medicamentos. Ante este panorama, Gual sugiere que dicho proceso debe centralizarse en una “sola cabeza”: la Secretaría de Salud.
¿Debe el Estado producir y distribuir?
Con el escándalo de Birmex, cuya auditoría reciente recogió irregularidades por un monto de 1,045 millones de pesos, la propuesta de la ejecutiva ha encontrado voces críticas, como la de Maribel Ramírez Coronel, columnista de El Economista, quien apunta que el pasar de comprador a productor y distribuidor produce más escepticismo que confianza, pues requeriría de inversiones cuantiosas en infraestructura y expertise. Ello exigiría el esfuerzo conjunto entre sector público y privado, algo que el actual gobierno no busca asumir.
