Por Rosalinda Parra y Marisol Herrera Marmolejo
En teoría, el 78% de la población mexicana posee cobertura sanitaria; sin embargo, en la práctica diaria este derecho universal se ha convertido en beneficio de unos pocos.
Pese a que el artículo 4 de la constitución mexicana ratifica a la salud como una necesidad básica y un derecho prioritario para las y los mexicanos, el déficit experimentado por el sector sanitario de carácter público en nuestro país ha transformado a este principio en un beneficio casi prohibitivo, al que solo un porcentaje reducido puede acceder en plenitud.
Salas de espera abarrotadas, infraestructura deficiente, falta de protocolos, limitaciones operativas para la plantilla laboral, escasez de medicamentos o en el caso de localidades al interior del país, un esparcimiento de las clínicas especializadas, son solo el inicio de una lista interminable de factores que impiden a cerca del 34.2% de la población mexicana, o sea unos 44.5 millones de personas, no gozar de este derecho universal en manera total o parcial.
¿Qué implica el derecho a la salud?
Según la definición del gobierno de México se trata de un “estado completo de bienestar físico, mental y social” que no solo se refiere a la ausencia de enfermedades o afecciones sino también al “goce de acceso a los programas y políticas públicas que permitan al individuo alcanzar el grado máximo de estabilidad física y mental para tener una mejor calidad de vida”.
Actualmente el sistema de salud en nuestro país se encuentra dividido dualmente, por un lado el sistema público encabezado por IMSS e ISSSTE cuya labor cubre a cerca de 48 millones de trabajadores en el caso del primero y a 8 millones en el caso del segundo, específicamente la fuerza laboral del Estado. En ese mismo tenor se encuentra la Asistencia Pública para aquellos que no cuentan con una afiliación laboral formal, cuyos servicios de atención son proporcionados por la Secretaría de Salud tanto a nivel federal como estatal.
Por otro lado, el sistema privado conjuga una red de hospitales de alta especialidad, laboratorios y clínicas de primer contacto, cuyos servicios dependen en su mayoría del gasto de bolsillo, lo cual crea una brecha importante para la atención de primer nivel, pues los costos muchas veces inalcanzables reservan este acceso a personas con alto ingreso o cubiertas por seguros de gastos médicos mayores.
Una caída libre en la cobertura de salud
Si bien, cerca de 56 millones de empleados formales cuentan con la protección sanitaria de ley, en términos reales solo un poco más del 70% de la población mexicana puede acceder al derecho a la salud tanto en su eje público como privado, y aún así 2 de cada 10 mexicanos enfrentan problemas para que esta atención se les brinde de manera eficiente y adecuada, complicándose en todas las etapas del sistema sanitario, desde los estudios de laboratorio, consultas y chequeos rutinarios y ya ni qué decir del tratamiento y cuidado focalizado en enfermedades graves como el cáncer o los padecimientos cardiovasculares, cuyos institutos de investigación y atención han visto recortados sus presupuestos hasta en un 26% en los últimos dos años.
Basado en estadísticas de la OCDE, el nivel de cobertura para la salud en México es 20 puntos menor a la de la mayoría de sus miembros, cuyos tabuladores rozan el 98%; este organismo también ha hecho una serie de recomendaciones que más bien levantan una tarjeta roja al sistema de salud nacional, subrayando el bajo presupuesto destinado al rubro, que apenas alcanza el 5.9% del PIB.
Otra de las flaquezas, apuntan, está en la proporción de médicos, donde encontramos un déficit de 2.7 profesionales por cada 1,000 habitantes, acrecentando la deficiencia en la infraestructura y abonando al 56% de los derechohabientes quienes se sienten insatisfechos con la atención proporcionada.
¿Lujo o negocio?
La mencionada insatisfacción de los derechohabientes que ha llevado a la vulneración de su derecho a la salud proviene de un endemismo mexicano que poco a poco se ha ido incrustando en el sistema sanitario y proviene de una visión limitada carente de humanismo, la cual se ha decantado por perpetuar la rentabilidad extractivista por encima del bienestar.
Para algunos expertos la cobertura universal en este caso es un mito, una retórica, en la cual se concentran los otros 35 millones de mexicanos sin goce formal y efectivo de esta atención. Además apuntan, el sector salud ha sido concebido no bajo una visión preventiva, accesible y digna, sino más bien su estructura se centra en la atención curativa, tardía y profundamente segmentada.
La parte privada por otro lado, se ha desarrollado en parámetros similares, pero con más arraigo de una lógica elitista e individualista en la cual no existe la interoperabilidad, no hay redes colaborativas, los recursos se duplican, dando como resultado un ecosistema caótico donde la salud se vuelve un bien de lujo y el paciente sale perdiendo.
